La propuesta es a todas luces insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.
El 9 de marzo, se firmó un acuerdo entre el ministro Montoro y las organizaciones sindicales CCOO, CSI-F i UGT en el que, entre otras cuestiones, se establecen los incrementos retributivos de los empleados y empleadas públicos para el período 2018-2020. En este acuerdo se prevé un aumento de estas retribuciones del 8’75% en tres años, pero en realidad la parte fija junto con los fondos adicionales supone el 6’5%, mientras que el resto, el 1’5%, evolucionará paralelamente al comportamiento del PIB, y el el 0.55% se vinculará íntegramente al cumplimiento del objetivo de déficit de las Administraciones Públicas en 2020. Por tanto, la primera valoración es negativa, puesto que se ha lanzado un mensaje falto de rigor y que peca de un exceso de optimismo.
Con la prudencia que requiere una situación económica internacional bastante voluble, desde la Confederación Intersindical estimamos el aumento retributivo para el periodo 2018-2020 en un 2’95 % real. Con estos datos, la valoración nunca puede ser positiva si hablamos en términos de recuperación del poder adquisitivo perdido.