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Las nuevas tasas judiciales terminan con la concepción igualitaria de la justicia
Martes 27 de noviembre de 2012

Una medida más que nos conduce a una Sociedad-Dual (ricos-pobres) como ya está pasado con la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Tras la publicación de la Ley 10/2012 (BOE 21/11/12), por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, se vuelve a un modelo social más propio del Antiguo Régimen estamental, en el que únicamente tendrán justicia las clases pertenecientes o provenientes de los estamentos más altos de la sociedad o con más poder económico. Más del 85% de la sociedad no podrá acceder a defender sus derechos ante la justicia, ya que lo que pretende esta ley no es descongestionar los juzgados, sino convertir los ciudadanos en una sociedad sumisa y poco reivindicativa.

El Gobierno del Estado, lejos de aplicar una política seria de inversiones, que modernice y actualice el juzgados y la Administración de Justicia, opta por introducir tasas disuasorias que entorpecen el acceso a la justicia.

La Administración General del Estado (Gobierno central), las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos, además del Ministerio Fiscal, no tendrán que pagar tasa judicial alguna por denunciar o por recurrir. El ciudadano de a pié sí tendrá que pagar cada vez que pise un juzgado.

La Confederación Intersindical denuncia que esta ley establece "una justicia para ricos y otra para pobres" y estima que el texto vulnera el artículo 24 de la Constitución, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva "sin que en ningún caso se pueda producir indefensión".

Una medida más que nos conduce a una Sociedad-Dual (ricos-pobres) y que tiene como objetivo redefinir el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, así como los servicios públicos que los sustentan, como ya está pasado con la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Desde la Confederación Intersindical denunciamos públicamente este grave retroceso social hacia el conjunto de la población trabajadora y una nueva atrocidad que provoca indefensión jurídica. STEs-i rechaza frontalmente la introducción de estas tasas y convoca a manifestar públicamente esta oposición y a participar en las concentraciones que tendrán lugar en los juzgados o ciudades de la justicia.

A partir de ahora se aplicarán las siguientes tasas judiciales:

Tasas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

  • Abreviado (200,00 €); Ordinario (350,00 €); Apelación (800,00 €) y Casación (1.200,00 €).

Tasas en el orden social:
Suplicación (500,00 €) y Casación (8750,00 €)

Puedes consultar en el CUADRO ADJUNTO las tasas detalladas.

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